Más del 12% de la población de Castilla y León pasan frío en sus casas.

Pobreza energética en un hogar es la dificultad para satisfacer sus necesidades básicas de energía. La última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en 2018, apunta a que el 2,2% de las personas de Castilla y León no pueden permitirse mantener la casa con una temperatura adecuada. Es la dureza del invierno para 53.000 castellanos y leoneses de los

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Más del 12% de la población de CyL pasan frío en sus casas

Pobreza energética en un hogar es la dificultad para satisfacer sus necesidades básicas de energía. La última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en 2018, apunta a que el 2,2% de las personas de Castilla y León no pueden permitirse mantener la casa con una temperatura adecuada. Es la dureza del invierno para 53.000 castellanos y leoneses de los

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Concentración Martes 15 de Enero en la DGA

Al comienzo de esta legislatura, en cumplimiento del compromiso adquirido con las plataformas contra los desahucios, se aprobó un Decreto de emergencia, posteriormente, en 2016,  una Ley de Emergencia,  y además, contábamos con la promesa de una Ley de Vivienda.

Casi cuatro años después, a pesar de que el número de lanzamientos por impago de alquiler no ha parado de subir,  alcanzando  cifras vergonzosas, en Aragón 1020 en el año 2013 y 1070 en el 2017. Las cosas no han mejorado. El Decreto está olvidado, la Ley de Emergencia sólo se utiliza para regular  los requisitos de vulnerabilidad y la prometida Ley de Vivienda, a falta de cuatro meses para finalizar la legislatura, está en trámite parlamentario.

Hemos oído durante este tiempo,  en boca de los responsables del Gobierno de Aragón, que en Aragón “nadie se que queda en la calle por impago de alquiler y que se busca una alternativa habitacional digna a todo el mundo”…

Desde Stop Desahucios Zaragoza, queremos recordar que la única solución contra los desahucios continúa siendo  todavía el Convenio  entre CGPJ, Gobierno de Aragón y FAMCP del P.P. del año 2013,Convenio restrictivo en todas sus formas: Porque no es Ley,  por tanto, es potestativo de la autoridad judicial aplicarlo o no, porque su ámbito de cobertura es exclusivamente para ejecuciones hipotecarias o impago de alquileres, dejando fuera al resto de familias o personas que se encuentran en otras situaciones, y porque además el camino hasta el realojo es infernal, dejando a gran parte de los afectados fuera  y sin alternativa habitacional. Estas personas se quedan en la calle. Como muestran los datos del propio Convenio, de los 8784 desahucios producidos en Aragón en los años de funcionamiento del mismo, tan solo se detectaron alrededor de 800 casos de vulnerabilidad, dando solución a una parte de ellos. Naturalmente los datos son opacos y existe una enorme dificultad para conocerlos.

Otro problema, del que ya advertimos, es que las personas realojadas por Convenio, lo hacen a través de programas de colaboración con entidades sociales que tienen una duración de tres años y que pasado ese tiempo pueden quedarse otra vez en la misma situación, pero esta vez no por impago sino por finalización de contrato, aunque su situación de vulnerabilidad siga siendo la misma o haya empeorado.  Estos casos se consideran “finalización de contrato”, por tanto sin opción de alquiler social por emergencia. Estas familias también  se quedan en la calle.

El caso de las “renuncias” también ha dejado fuera a unas cuantas familias. Si a una familia se le adjudica una vivienda lejos de su lugar de residencia habitual y ellas dicen que no pueden desplazarse allí por distintos motivos (necesidad de hospital cerca, carecer de transporte…), se les obliga a firmar una renuncia, sin explicación previa, que les impide que otra administración les proporcione una vivienda y  tienen como única opción, la calle. El Justicia de Aragón, a instancia de Stop Desahucios Zaragoza, ha hecho una recomendación en el año 2018, instando al Gobierno de Aragón a que los realojos lejos del domicilio sean temporales hasta tener una vivienda próxima al hospital.

 

También tenemos compañeros que, en unos casos porque no eran lo suficientemente vulnerables para acceder por convenio ( 1,5 IPREM, 11,279,38€ anuales), en otros porque no encuentran vivienda para alquiler debido a la desorbitada subida de los precios, o porque, a pesar de ser vulnerables, han tenido que renunciar a una vivienda por necesitar tener un hospital cerca,  no han tenido más remedio que ocupar una vivienda de un banco, generalmente procedentes de desahuciados practicados a otras familias, y que ahora se enfrentan a un desalojo de la vivienda.  Estas no entran en convenio y también se quedan en la calle. 

El artículo 19 de la Ley 10/2016 en el punto dos dice que los supuestos de lanzamiento por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler se aplicará a otras personas o unidades de convivencia de buena fe que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social. Este artículo no se aplica. Las promesas se han quedado en eso, solo promesas. Hacer hincapié en la poca sensibilidad que han tenido con tres familias, que firmaron un contrato de alquiler debido a un convenio firmado en la anterior legislatura y que este nuevo gobierno no pensaba ratificar, dejando a las tres en la calle. Se nos prometió, públicamente en marzo de 2016, que solucionarían el problema en quince días. Tres años después, las familias siguen sin tener solucionado el problema.

 

Queremos recordarle al Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda  que estos datos tienen nombre y rostros, y que si  no hacemos nada ,¡SE QUEDAN EN LA CALLE!

  • Raúl y Milagros, con cinco hijos. Finalización de contrato de alquiler social, el 31 de enero. El caso más urgente, no hay alternativa para ellos.
  • José y Ruth, tres hijos. Renuncia por necesidad de hospital
  • Salvador y Cristina, tres hijos. Convenio sin solucionar con Sareb
  • Rubén, su mujer y sus tres hijos. Convenio sin solucionar con Sareb
  • Joana, su marido y sus tres hijos. Convenio sin solucionar con Sareb
  • Verónica y su hijo de dos años. Ocupando una vivienda de Banco Santander al carecer de ingresos y estar a la espera de que le aprueben el I.A.I

No queremos más promesas, exigimos el cumplimiento de la Ley 10/16 de emergencia. Por ello os convocamos a concentrarnos en la puerta del Pignatelli , Paseo María Agustín 36, el próximo martes a las 10:00 h.

15.01.19 concentración dga

Concentración en la puerta de la DGA el martes 15.01.19

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Botella robó al pobre para beneficiar al rico.

Este Robin Hood al revés es lo que hacen en general los gobiernos de nuestro país, con el PP a la cabeza, y eso hizo en particular la familia Aznar-Botella.

Aznar cambió la ley para hacer la trampa cuando gobernaba, Ana Botella desde el Ayuntamiento de Madrid vendió pisos de protección oficial (pisos a un precio más asequible, para colectivos vulnerables) a menor precio para que los comprara

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El dinero manda.

La multinacional Blackstone es la mayor propietaria de pisos de alquiler en España, con 23.000 millones de euros. Según el periódico El Mundo, Blackstone amenazó hace un mes a la ministra de Economía con desinversiones si cumplía el acuerdo con Unidos Podemos y aprobaba límites a las subidas de los alquileres. Ayer, el PSOE se arrodilló y no los aprobó.

Blackstone es el mayor casero de España,

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Difícil acceso a un alquiler en Palencia.

Nuestra plataforma se congratula de que El Norte de Castilla se haga eco de las demandas que llevamos tanto tiempo haciendo.

Es preocupante pero en Palencia existen muchas dificultades para acceder a una vivienda digna por una parte cada vez más numerosa de la sociedad.

La poca vivienda en alquiler está a unos precios desorbitados, por lo que algunas familias tienen que vivir hacinadas en una

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El difícil acceso a un alquiler en Palencia.

Nuestra plataforma se congratula de que El Norte de Castilla se haga eco de las demandas que llevamos tanto tiempo haciendo.

Es preocupante pero en Palencia existen muchas dificultades para acceder a una vivienda digna por una parte cada vez más numerosa de la sociedad.

La poca vivienda en alquiler está a unos precios desorbitados, por lo que algunas familias tienen que vivir hacinadas en una

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